Y así muere la libertad

Ante todo he de pedir disculpas por el periodo sin actualizar el blog, al cual ya le estaban saliendo telarañas; he estado muy ocupado con un proyecto muy ambicioso, el cual ha salido bastante bien. Ahora, como un ave fenix cibernética, resurjo de mis pixeladas cenizas para actuar y formar parte de algo que nos incumbe a todos. Y es que como dice Ukio, estamos en guerra.

Si señores: Estamos en guerra. Una guerra a la cual no se nos ha invitado a participar, pero no por ello vamos a quedarnos sentados viendo como vulneran nuestros derechos básicos para favorecer a industrias desfasadas. Una guerra en la cual todos nosotros formamos parte; una razón para movilizarnos de una vez en una sociedad cuyo gobierno se limita a imponer leyes y que después nos da un caramelo podrido con una sonrisa para que nos callemos. Una guerra por defender uno de los pocos soportes donde uno es realmente libre. Para los que no sepan aun de que se está hablando aquí, me refiero al Anteproyecto de Ley de Economía sostenible, en el cual se incluye una institución con un nombre que ya hace desconfiar: La Sección Segunda (S.S).

Podeis leerla entera en esta página; yo os resumo lo que ha hecho que prácticamente todos los bloggers y usuarios de internet como medio de expresión salten:

Lo que antes era llamado “Comisión mediadora y arbitral de la propiedad intelectual” ahora pasa a llamarse simplemente la Comisión de Propiedad Intelectual, recibiendo nuevos poderes. Uno de ellos es la capacidad de desconexión de una página web que distribuyan contenidos ilegales. Así, sin más, sin tener que pasar por un juzgado ni ostias, a tomar por culo el apartado 20.5 de la Constitución Española, en la que se estipula que este tipo de secuestros solo pueden realizarse en virtud de resolución judicial. Se convierten en juez, jurado y verdugo a la vez en un estado de derecho basado en la separación de poderes. Esto no solo afectará a medios P2P y a páginas de descargas, sino a CUALQUIER página en la cual haya un contenido ilegal. Os voy a poner un ejemplo: Si descendéis 4 entradas, encontraréis una sobre la película “Gattaca” en la cual he introducido un fragmento de la película. Este lo saqué de Youtube, pero el que la subió a Youtube la descargó de alguna página. Si este proyecto de aprueba, a mi me podrían chapar el blog sin ningún tipo de resolución judicial ni ostias. Lo mismo pasaría si se tratase de un mp3 que subo desde mi ordenador, una imagen que estaba protegida (Que a saber cuales son) o cualquier otra cosa protegida por la comisión.

Esto, sencillamente, no tiene ni pies ni cabeza. Imaginaos que yo me monto un negocio en un local. En ese establecimiento pongo la radio o un ipod conectado a un equipo de música y no pago derechos a la SGAE porque no me sale del nardo. A la vez, imprimo una imagen de una web y la pego en la pared para decorar. ¿Tendría algún sentido que un día aparecieran unos tipos trajeados y con gafas de sol, me sacaran de mi local y lo cerraran? No, ¿verdad? Pues entonces, ¿que lógica tiene hacer esto mismo en internet?

¿Y todo esto para qué? Os lo diré... Todo esto es para mantener a flote un tipo de industria absolutamente desfasada, arcaica y que se hunde por si sola por los avances tecnológicos: La industria discográfica. No se cuanto poder puede llegar a tener esta, pero se están luciendo con las declaraciones... Hoy mismo me desperté con estas palabras de Antonio Guisaola, presidente de promusicae: “Esto se ha convertido en un pulso al Gobierno por parte de unos piratas y me preocupa que se plantee ceder”.

Por parte de unos piratas... ¿Por parte de unos piratas? ¿POR PARTE DE UNOS PIRATAS, JODIDO IMBECIL? ¡Si tanto os preocupa internet, miradlo de una puta vez! ¡No podreis navegar ni un minuto entre blogs sin encontrar un manifiesto contra este Anteproyecto! El gobierno no se ha encontrado con un pulso por parte de “unos” piratas; el gobierno ha lanzado estiércol a la cara de cada uno de los internautas españoles y pretende que nos la traguemos. Pretende que olvidemos que tenemos derecho a la información y a la seguridad jurídica en internet, pretende que parezca que la sociedad española tiene algo que ver con esta decisión cuando TODA LA RED se ha alzado en contra, pretende que creamos que habrá un diálogo, cuando el otro día la ministra de (in)Cultura Ángeles Gonzalez-Sinde(rechos) llegó tarde al presunto diálogo para después demostrar que esto es una imposición, no una norma dialogada y debatida.

Y así muere la libertad señores... ¿Vamos a permitirlo? ¿Vamos a permitir este avance a una sociedad orwelliana? ¿Vamos a permitir este atropello a nuestros derechos fundamentales? La respuesta es no. Movilizaos, ya sea extendiendo el manifiesto, repartiendo panfletos con información, contándoles a vuestros colegas lo hijos de puta que están siendo... ¡Lo que sea! Vivimos en una sociedad en la que parece que no tenemos poder alguno, pero sí lo tenemos, porque nosotros SOMOS la sociedad. Quiero que os enfadéis, quiero que saquéis la cabeza por la ventana y gritéis que estáis hasta los cojones, y que por esto no vais a pasar.

Y ahora, señoras y señores: El manifiesto.




Manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en Internet'

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.


Saludos señores, no pasarán esta vez.